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Serían consideradas como costes directos e indirectos.

Los agentes de préstamo de valores seguirán cobrando comisiones razonables a los UCITS

TRIBUNA DE David Allen, responsable de Préstamo de Valores de Citi Transaction Services.

David Allen | 02 noviembre del 2012 - 07:00 hrs.
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Autor imagen: Imagen cedida

Los UCITS son fondos autorizados que pueden ser distribuidos a inversores minoristas en toda la Unión Europea. Como tales, están sujetos a reglas muy estrictas de protección. Los préstamos de valores y repos son utilizados con frecuencia por los UCITS y sus gestores para optimizar más eficientemente el rendimiento de sus carteras. El 25 de julio de 2012, la European Securities and Markets Authority (ESMA) publicó cambios y nuevas directrices en relación con los ETF y otras cuestiones relacionadas con los UCITS, en relación con la información que deben dar a los inversores los UCITS indexados y ETF regulados, así como normas específicas para el uso de derivados OTC y técnicas de gestión eficaz de la cartera (EPM). Las directrices también establecen los criterios para los índices financieros en los que pueden invertir los UCITS.

Las directrices fueron desarrolladas tras una revisión de ESMA al actual régimen regulador, que resultó ser insuficiente para hacer frente a los riesgos asociados con este tipo de fondos y técnicas. Están diseñadas para conseguir una mayor protección de los inversores en UCITS y abarcar cuestiones más amplias que únicamente el préstamo de valores y la reinversión de colaterales en efectivo.

Un área que ha generado comentarios encendidos ha estado relacionada con la interpretación de que todos los ingresos de préstamo de valores deben ser pagados al fondo, lo que viene a decir que los gestores de UCITS y agentes de préstamo de valores no podrán cobrar comisiones por sus servicios prestados.

Pero la Internacional Securities Lending Association (ISLA) emitió un comunicado de prensa diciendo que no hay nada en las directrices que esté en contra de que un agente de préstamo de valores, sea el gestor del fondo o el custodio o terceros, pueda cobrar un canon comercial por sus servicios. Estas comisiones serían consideradas como parte de los costes directos e indirectos que pueden ser deducidos de los ingresos según las directrices. En los casos en los que el administrador de un UCITS nombre un depositario o un tercero para que actúe como agente de préstamo de valores, el gestor podrá cobrar un cargo adicional destinado a cubrir los gastos y costes asociados con la administración y supervisión del programa de préstamo de valores. En estos casos, la orientación exigiría que dichas comisiones se fijaran en un nivel acorde con los costes de estos servicios adicionales.

Las directrices exigen claramente que las comisiones cobradas por servicios eficientes de gestión de cartera, tales como el préstamo de valores, deben hacerse públicas en todos los casos. ISLA considera dicha divulgación como una buena práctica de mercado y ha apoyado firmemente este requisito. En un contexto general de llamadas a la transparencia en áreas de la denominada "shadow banking", esto debería ser considerado como la respuesta correcta.

Por lo tanto, los agentes de préstamo de valores seguirán siendo capaces de cobrar comisiones razonables a los UCITS por el préstamo de valores y la reinversión de efectivo. Acuerdos de comisiones que deberán ser hechos públicos en el futuro en los folletos de los UCITS, junto con otros muchos y más amplios requisitos de divulgación.

Otros cambios

Las directrices establecen una serie de otros cambios importantes en relación con el préstamo de valores. En primer lugar, los préstamos a plazo fijo (sin posibilidad de cancelación anticipada) ya no estarán permitidos (véase el párrafo 30) porque los UCITS deben "ser capaces en todo momento de recuperar cualquier valor que hayan prestado...". A primera vista, esto privaría a los UCITS del beneficio de mayores ingresos por dichos préstamos de valores y podrían impedir la participación en acuerdos de préstamo exclusivos. Dado que existe una segunda consulta (ver más abajo), que plantea un régimen separado para los repos, lo que permitiría que una parte de los activos de los UCITS pueda ser comprometida en repos sobre una base de no revocabilidad, es concebible que estas directrices todavía puedan ser objeto de revisión adicional.

En segundo lugar, aunque la mayoría de las normas de colaterales de EPM existentes para los UCITS no cambian fundamentalmente, se dice que el colateral debe ser ahora "muy líquido" (en lugar de tener liquidez suficiente), de "alta calidad" (presumiblemente con grado de inversión) y la requerida diversificación de exposición en colateral (un máximo del 20% del valor liquidativo a un emisor determinado) tiene que ser el agregado de derivados OTC y exposición EPM. Este último punto plantea algunas cuestiones sobre cómo las directrices pueden aplicarse en la práctica, debido a que el valor liquidativo de un UCITS puede cambiar todos los días, y dado que pueda haber diferentes partes gestionando derivados OTC y colaterales EPM, cómo deberían establecerse y gestionarse los límites globales de acuerdo con este requisito.

En tercer lugar, el propósito del párrafo 40 g) no está claro. Puede estar diseñado para evitar que aportadores de colaterales (por ejemplo, prestatarios) custodien colateral de un UCITS beneficiario de la garantía, ya que establece que la garantía que es objeto de una transferencia de título (por ejemplo, a través de un Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA) o un Global Master Repurchase Agreement (GMRA)) debería mantenerse por el depositario del UCITS. Es de esperar que en la mayoría de los casos (sobre todo para los préstamos de terceros), el agente de préstamos no sea el depositario de los UCITS, por lo que plantea la pregunta de cómo un agente de préstamo puede mantener las garantías - ya sea bilateralmente recibida o entregada a través de un agente tripartito. Es posible que tengamos que esperar y ver cómo los reguladores nacionales interpretan este requisito.

El artículo 42, que exige a los UCITS a adoptar una política de pruebas de estrés cuando el colateral recibido represente al menos el 30% de sus activos, puede tener la consecuencia no prevista de imponer este límite como límite a las actividades de EPM por parte de los UCITS.
Por último, hay que resaltar que la reinversión de colateral en efectivo se amplía ahora más allá de los activos "libres de riesgo".

Repos

Al mismo tiempo que la emisión de las directrices, la ESMA publicó un documento de consulta para recabar opiniones, antes del 25 de septiembre, sobre el tratamiento apropiado de repos y repos inversos en el marco de directrices más amplias. En particular, propone un régimen distinto para los contratos de repos y repos inversos que, a diferencia de los acuerdos de préstamo de valores, permitiría que una parte de los activos de los UCITS fuesen no revocables, en cualquier momento, a iniciativa de los UCITS. Las directrices propuestas incluyen salvaguardas para asegurar que el riesgo de contrapartida inherente a estos acuerdos esté limitado, y que los UCITS que entren en dichos acuerdos puedan seguir ejecutando las solicitudes de reembolso.

El consenso es que la fecha de aplicación de las directrices será febrero de 2013, dado que la consulta separada sobre los repos tiene que estar cerrada antes, los resultados publicados y después integrarse con las directrices generales. Hay un período de transición de 12 meses a partir de la fecha de aplicación de las directrices, para que los UCITS existentes las cumplan, lo que sería febrero de 2014.

La tarea de aplicación de las normas recae ahora en los reguladores nacionales. En teoría, estos pueden optar por la aplicación de algunas o de todas las directrices, pero si optan por hacerlo, tendrán que justificar la razón de la decisión a la ESMA. Dado el objetivo expresado por Steven Maijoor, presidente de la ESMA, de que estas directrices sirvan para "reforzar la protección del inversor y armonizar las prácticas regulatorias en este importante sector de la industria de fondos de la UE", debería hacerse una plena aplicación de las directrices por parte de los reguladores nacionales.

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